En un
mundo caracterizado por la interconectividad, la integración y la
interdependencia, es imperativo que el desarrollo y la seguridad avancen en
paralelo. Las amenazas se desplazan con alarmante facilidad entre distintos
escenarios, aprovechando paradójicamente las mismas ventajas que ofrece la
democracia: fronteras porosas, dinámico comercio internacional, libre
movilización social, flujos migratorios y el vasto intercambio de información.
En
nuestra región, el crimen organizado transnacional ha experimentado un
crecimiento exponencial, extendiendo sus operaciones ilícitas a múltiples
países y escalando la violencia para generar terror y consolidar su posición.
La sensación de impunidad se intensifica debido al poder económico que estas
organizaciones obtienen principalmente del narcotráfico y la minería ilegal,
recursos que aparentemente les han permitido infiltrarse en el aparato estatal
y otros sectores que les proporcionan protección y encubrimiento, además de
armarse y propiciar otros ilícitos, dispersando así los esfuerzos del Estado
para hacerles frente
Esta
infiltración genera una estructura criminal difícil de identificar y
neutralizar, mientras simultáneamente erosiona la credibilidad de los
gobiernos, que progresivamente parecen perder el monopolio legítimo de la
fuerza ante una violencia que cada día gana mayor terreno en el tejido social.
Estos grupos delictivos se fortalecen además mediante el uso estratégico de las
tecnologías de información y comunicación, amplificando el miedo y la
inseguridad en la población.
Un escenario que demanda cooperación y estrategia
Este
complejo panorama, caracterizado por conflictos no lineales y creciente
violencia, debería impulsar a los Estados a unificar esfuerzos para establecer
estrategias conjuntas que permitan identificar, caracterizar y enfrentar estas
amenazas comunes. Dicha cooperación debe, naturalmente, respetar la soberanía y
las prioridades específicas que cada gobierno establezca en resguardo de sus
intereses nacionales, pero aprovechando las capacidades propias de los estados
en materia de seguridad, defensa e inteligencia.
Perú se
encuentra en un momento histórico crítico que, desde una perspectiva geopolítica
y estratégica, exige fortalecer nuestro sistema de seguridad y defensa
nacional. Es urgente contrarrestar eficazmente las amenazas externas que
penetran nuestro territorio y explotan nuestros recursos naturales, como:
- La extracción ilegal de oro en
las fronteras con Ecuador y Bolivia - Las actividades del
narcotráfico en las fronteras con Colombia, Brasil y Bolivia - Los vuelos no autorizados
que violan nuestro espacio aéreo transportando drogas, armas y personas - La infiltración de
organizaciones criminales aprovechando los flujos migratorios irregulares
causados por crisis regionales
A estas
amenazas se suma la persistencia de organizaciones vinculadas a Sendero
Luminoso, que mantienen actividad en la zona del VRAEM en colusión con el
narcotráfico. Otras facciones, mediante estrategias políticas, legales y
mediáticas encubiertas, buscan desestabilizar nuestra frágil democracia. Los
gobiernos débiles propician más actividades ilícitas, generando niveles de
violencia sin precedentes. De no tomarse acciones inmediatas, esta violencia
crecerá y penetrará aún más en el aparato estatal, complicando
significativamente cualquier intento de neutralizarla.
La decisión política: primer paso contra la
impunidad
El
escenario descrito demanda, por parte de nuestras autoridades, responsables de
enfrentar estas amenazas, valentía, coraje y compromiso para tomar decisiones
firmes, asumiendo el costo político que implica confrontar decididamente
cualquier actividad ilícita que afecte los intereses nacionales, obstaculice el
desarrollo o ponga en riesgo la integridad de los peruanos, particularmente por
la falta de consenso entre las fuerzas políticas y los poderes del estado,
sumado a la permanente crisis política y el aumento de la sensación de
inseguridad y pérdida de credibilidad ante la población por la adopción de
medidas que no terminan por evidenciar una acción contundente y decisiva frente
al crimen organizado.
Es
prioritario reestructurar el Ministerio Público y el Poder Judicial,
fortaleciéndolos y creando un marco legal que sancione severamente a quienes
anteponen intereses personales a los del país, alteran el orden establecido y
generan violencia indiscriminada en la población. Este esfuerzo requiere el
compromiso de todas las fuerzas políticas para diseñar políticas públicas que
garanticen la continuidad de estas acciones a largo plazo, además de proteger
de una u otra forma a quienes enfrenten directamente a estos criminales.
El papel crucial de la inteligencia y la fuerza
pública
Resulta
fundamental fortalecer las capacidades de Inteligencia y Contrainteligencia de
las agencias estatales, particularmente en las zonas fronterizas. Estas
entidades, trabajando coordinadamente con Migraciones, Aduanas y la Policía
Nacional, y con el respaldo de las Fuerzas Armadas, deben generar las
condiciones de seguridad necesarias para enfrentar a las organizaciones
criminales con contundencia y sin impunidad, constituyéndose como la primera
línea de defensa para la acción decisiva del Estado.
Es
momento de analizar, evaluar y adaptar al contexto actual medidas que fueron
efectivas cuando en su momento el gobierno de turno tomó la decisión de
combatir a las organizaciones terroristas que sembraron muerte y destrucción en
nuestro país. Entre estas medidas destacan:
- El fortalecimiento de las
agencias de inteligencia, con objetivos puntuales - La protección de los
responsables de juzgar a estos criminales (como el sistema de «jueces
sin rostro») - El establecimiento de penas
severas para quienes cometen delitos contra la vida e integridad de las
personas (cadena perpetua) - La creación de centros
penitenciarios alejados de las ciudades, con estrictas medidas de
seguridad que impidan su conversión en centros de planificación de
actividades ilícitas
Las
agencias de inteligencia y seguridad conocen perfectamente los sectores donde
operan las organizaciones criminales. Con esta información, deberían realizarse
operaciones de «rastrillaje» ejecutadas por la Policía Nacional y
fiscales, con la cobertura y protección de las Fuerzas Armadas, para detener a
indocumentados y requisitoriados, entre otras acciones que son prerrogativa del
Estado en su deber de proteger a los ciudadanos, preservar el orden establecido
y garantizar el desarrollo y el estado de derecho.
Tecnología y valores: armas complementarias contra
el crimen
Las
tecnologías de la información, las comunicaciones y la Inteligencia Artificial
serán herramientas de gran utilidad para incrementar significativamente los
niveles de seguridad. Paralelamente, es necesario fortalecer los contenidos
educativos en identidad nacional y formación en valores para nuestros niños y
jóvenes, sensibilizándolos y preparándolos para ser parte de una realidad
diferente, con la cual estamos comprometidos a generar el cambio que los
peruanos de bien anhelamos para nuestro futuro.
La lucha
contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado requiere una
aproximación integral, que combine la acción decidida del Estado, el uso
inteligente de recursos tecnológicos y humanos, y el compromiso de toda la sociedad.
Solo así podremos recuperar la tranquilidad que los peruanos merecemos y
construir un futuro de desarrollo y paz.
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