Los peruanos que superamos los 40 años recordamos los cortes de electricidad y las noches alumbradas por velas de los años ochenta. La destrucción de torres de alta tensión alteraba la vida cotidiana de millones de personas. Los escolares estudiábamos con velas y la comida duraba menos en el refrigerador.
Cuatro décadas después y en otro lugar del mundo, las amenazas y la infraestructura han cambiado, pero la lógica sigue siendo la misma. En 2022, las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico mostraron cómo la afectación física de una infraestructura energética podía producir consecuencias económicas y estratégicas muy lejos del lugar del daño. Europa tuvo que afrontar un escenario energético más costoso e incierto.
De vuelta en el Perú, la reciente fuga y deflagración en el ducto de Camisea paralizó durante 13 días una infraestructura esencial para el abastecimiento energético del país. La interrupción afectó el suministro de gas y obligó al Gobierno a declarar una emergencia energética nacional. Las consecuencias no quedaron en el ducto. La generación térmica tuvo que recurrir al diésel, elevando sus costos, con pérdidas estimadas para el sector en alrededor de US$ 700 millones. El desabastecimiento repercutió además en el transporte y la logística. En Lima, la inflación mensual llegó a 2,38%.
La importancia de una infraestructura se aprecia cuando funciona. Su carácter crítico se revela cuando deja de funcionar.
En el Perú existe desde 2017 un marco para identificar y gestionar los Activos Críticos Nacionales (ACN): aquellos cuya afectación, perturbación o destrucción puede generar grave perjuicio a la Nación al no existir soluciones alternativas inmediatas. Este marco contiene, además, una de las definiciones normativas más útiles de infraestructura.
El concepto acaba de adquirir nueva relevancia. La Política de Seguridad y Defensa Nacional en el campo militar al 2030, aprobada en julio, incorpora expresamente el planeamiento estratégico para proteger los ACN y los Recursos Clave frente a escenarios de riesgo que comprometan las capacidades nacionales. También contempla fuerzas conjuntas equipadas y entrenadas para su protección, incluyendo la ciberdefensa.
Esto importa más allá del sector Defensa. Muchos activos críticos son infraestructuras que permiten prestar servicios esenciales: energía, agua, transporte, telecomunicaciones o logística. Algunos son construidos u operados por empresas privadas durante décadas mediante contratos APP.
Solemos medir la infraestructura por cuánto cuesta construirla o por cuántas personas atiende. Los activos críticos obligan a incorporar una tercera pregunta:
¿Qué le ocurre al país cuando deja de funcionar?
