ANÁLISIS · SEGURIDAD NACIONAL · REPRESIÓN TRANSNACIONAL
La tercerización del terror y la parálisis de las democracias
Sidewinder, las estaciones de policía chinas y los exiliados venezolanos: tres casos que demuestran que cruzar una frontera ya no basta para escapar de un régimen autoritario — y que el crimen organizado se ha convertido en su instrumento preferido de control.
mayo 2026 · Canadá · Chile · Colombia · 10 min de lectura
Una testigo en la oscuridad
En la madrugada del 4 de junio de 1989, Sheng Xue presenció desde su apartamento en Pekín cómo el ejército chino disparaba contra los manifestantes en la Plaza de Tiananmen.Era una ciudadana que vio con sus propios ojos lo que significaba la represión violenta. Decidió huir a Canadá y narrar, desde el exilio, lo que había presenciado. Lo que nunca imaginó es que décadas después, a pocos kilómetros de su casa en Toronto, el mismo gobierno operaría una estación de policía clandestina — infiltrada en organizaciones comunitarias con vínculos documentados con el crimen organizado— para ir tras ella.
“El Partido Comunista ya estaba aquí. ¿A dónde más puedo escapar?”
— Sheng Xue, activista chino-canadiense, Toronto, 2022
Su historia resume mejor que cualquier informe oficial lo que este artículo documenta: la capacidad de un Estado autoritario para extender su control más allá de sus fronteras — subcontratando al crimen organizado cuando sus agentes oficiales no pueden llegar — en silencio, dentro de los barrios de una democracia que tardó años en darse cuenta.
Influencia vs. injerencia: una distinción que importa
La diplomacia internacional descansa sobre un acuerdo tácito: los países se relacionan bajo la premisa de la cooperación, el respeto mutuo y la no intervención en asuntos internos. Pero detrás de ese lenguaje, ningún gobierno actúa sin calcular sus propios intereses — y la historia demuestra que cuando esos intereses se sienten amenazados, la línea entre influencia legítima e injerencia clandestina se cruza con más frecuencia de lo que los discursos diplomáticos admiten.
La influencia es la cara visible de ese cálculo: diplomacia, cultura, comercio, intercambios académicos. No hay nada inherentemente ilegítimo en que un país trate de moldear percepciones o de ganar aliados. La injerencia es la cara oculta del mismo impulso. Ocurre cuando influir ya no basta — cuando un gobierno decide que necesita no solo persuadir, sino también controlar; no solo incidir en las decisiones del otro Estado, sino también suprimir a cualquiera que pueda representar una amenaza, estén donde estén. Es en ese punto donde la lógica del interés nacional abandona los canales diplomáticos, opera en la clandestinidad y terceriza la represión: sin el conocimiento ni el consentimiento del Estado anfitrión, sobre personas que viven bajo su jurisdicción.
Canadá y el reporte Sidewinder
Para enfrentar amenazas a su seguridad nacional, Canadá había separado deliberadamente, en 1984, sus funciones de inteligencia y de policía en dos organismos distintos: el CSIS, encargado de recopilar y analizar inteligencia, y la RCMP, su fuerza policial federal con más de un siglo de historia.
Luego de varios años de trabajo conjunto, en 1997 ambas agencias documentaron en el Reporte Sidewinder — oficialmente titulado Chinese Intelligence Services and Triads Financial Links in Canada — algo que pocos querían escuchar: que el gobierno chino no operaba por sí solo. Lo hacía en alianza con las tríadas, poderosas bandas criminales de origen chino con presencia en Toronto y Vancouver. Juntos — inteligencia de Estado e infraestructura criminal — intimidaban a ciudadanos chinos exiliados, financiaban donaciones políticas ilegales, espiaban tecnología y adquirían bienes raíces estratégicamente [1].
Entre las recomendaciones del informe se incluía la creación de un equipo permanente multiagencia para contrarrestar estas redes. No hubo explicación oficial. Hubo, en cambio, un gobierno que ese mismo año organizaba misiones comerciales a China y no podía permitirse las conclusiones de Sidewinder. El reporte fue archivado antes de la revisión conjunta prevista. La evidencia fue destruida. Su autor principal afirmó públicamente haber sido víctima de presiones políticas. Nadie lo desmintió.
Estaciones policiales clandestinas
Veinticinco años después, en septiembre de 2022, la organización española Safeguard Defenders identificó al menos cinco instalaciones clandestinas vinculadas a cuerpos de seguridad provinciales chinos en Toronto, Vancouver y Montreal. Operaban desde locales sin señales visibles — una casa residencial, un edificio comercial o una tienda de barrio — ubicados en vecindarios chino-canadienses. Su función: localizar disidentes y activistas, presionarlos mediante amenazas para que regresaran a China, incrementar la presión sobre sus familiares y llevar a cabo campañas de desprestigio digital [2].
La RCMP investigó. Las estaciones fueron declaradas “cerradas” en mayo de 2023. Solo hubo un arresto: un exoficial de la propia RCMP, y no se imputó ningún cargo a quienes operaron las redes. Lo que la investigación sí confirmó, cerrando el círculo con Sidewinder, es que la conexión entre el gobierno chino y el crimen organizado no era una teoría: investigaciones de 2023 documentaron vínculos directos entre el liderazgo de varias estaciones y las tríadas.
Inteligencia de Estado, infraestructura criminal
En octubre de 2024, ante la Comisión Hogue — el tribunal independiente creado para investigar la injerencia extranjera en las elecciones de 2019 y 2021 — la RCMP ni siquiera confirmó si alguna estación seguía activa. La razón era estructural: Canadá carecía de un registro de agentes extranjeros. En 2024 se aprobó una ley para crearlo [3], pero su implementación quedó paralizada por las elecciones de 2025. Al otro lado de la frontera, Estados Unidos, con una ley equivalente desde 1938, arrestó a dos personas en Nueva York por un caso idéntico en 2023.
¿Casos similares en Latinoamérica?
Mientras Canadá debatía sobre registros y comisiones, en otro rincón del hemisferio americano el mismo fenómeno se desarrollaba sin burocracia ni informes parlamentarios. Solo una puerta forzada en Santiago de Chile, una madrugada de febrero de 2024, y un teniente venezolano que nunca volvió a aparecer con vida.
Ronald Ojeda, exmilitar y disidente que vivía como refugiado en Santiago, fue secuestrado en su apartamento de madrugada. Su cuerpo apareció diez días después, enterrado bajo cemento [4]. La Fiscalía chilena concluyó que se trató de una operación política transnacional ejecutada por el Tren de Aragua, instrumentalizada por la inteligencia del régimen de Maduro. A diferencia de las estaciones de policía chinas, no hubo instalación clandestina ni campaña digital. Solo sicarios, una madrugada y un mensaje: el exilio no garantiza distancia.
Chile respondió con una determinación que pocos gobiernos han demostrado ante casos similares: para febrero de 2025, había 21 personas imputadas y, en marzo, la Fiscalía y la Cancillería llevaron el caso directamente ante la Corte Penal Internacional, proponiendo crear un equipo conjunto para investigar el crimen en conexión con los delitos de lesa humanidad que la CPI ya investigaba en Venezuela.
Colombia no ha estado ajena a este fenómeno. El 13 de octubre de 2025, en Bogotá, los opositores venezolanos Yendrí Velásquez y Luis Peche Arteaga fueron baleados a la salida de su edificio en el barrio Los Cedros.Dispararon al menos 16 veces [5]. Los dos habían huido de Venezuela tras las controvertidas elecciones de julio de 2024 y solicitaban asilo internacional. Sobrevivieron. La ONU envió comunicaciones formales a los gobiernos de Colombia y Venezuela en diciembre de 2025, exigiendo una investigación. Ninguno respondió. A abril de 2026 — seis meses después — no hay detenidos, ni identificados, ni avances sustanciales.
Un modus operandi reconocido
Vistos juntos,estos casos no son una coincidencia. Constituyen un modus operandi que se repite con precisión perturbadora:
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PATRÓN 1 — Infiltración y tercerización El régimen se infiltra en comunidades de la diáspora y organizaciones culturales para ganar presencia, y subcontrata al crimen organizado para actuar donde sus agentes oficiales no pueden llegar. Las tríadas, las bandas y las redes de fachada actúan sin firma ni consecuencias diplomáticas para el Estado que las dirige. |
PATRÓN 2 — Detección tardía La democracia receptora detecta la amenaza tarde — y casi nunca por sus propios medios. Son periodistas, organizaciones de derechos humanos e investigadores independientes quienes exponen las redes, no los servicios de inteligencia del Estado. |
PATRÓN 3 — Parálisis legal Cuando la democracia finalmente actúa, descubre que no cuenta con las herramientas para hacerlo. Los hechos no encajan en los tipos penales existentes. La conexión entre el Estado agresor y las bandas criminales que ejecutan es difícil de probar y, aun más, de perseguir. Las investigaciones se abren, se prolongan y se cierran sin cargos. La impunidad forma parte de su diseño. |
Los regímenes autoritarios no siempre necesitan actuar directamente. Cuando quieren proteger sus intereses fuera de sus fronteras — silenciar a un disidente, intimidar a una comunidad, eliminar a quien representa una amenaza —, subcontratan al crimen organizado. Las tríadas, el Tren de Aragua, las redes de fachada son instrumentos distintos con la misma función. Proporcionan al Estado lo que ningún diplomático puede ofrecer: acción encubierta, sin firma ni consecuencias.
Las democracias,por su parte, tienen una vulnerabilidad que los regímenes autoritarios conocen y explotan: el costo político de actuar. Nombrar públicamente la injerencia de un gobierno extranjero no es un acto neutral — es un acto diplomático con consecuencias comerciales, migratorias y geopolíticas. Canadá lo sabía en 1997 cuando enterró Sidewinder, y lo sabía en 2022 cuando tardó meses en reconocer públicamente las estaciones. Chile y Colombia lo saben cada vez que evalúan cuánto pueden decir sin comprometer acuerdos que van mucho más allá de tratar este fenómeno como un caso aislado.
Identificar el problema es el primer paso
Entender cómo funciona este tenebroso sistema es el primer paso para exigir que se desmantele. El patrón se repite con precisión perturbadora: el régimen se infiltra en lo que ya existe, subcontrata al crimen organizado para el trabajo sucio y la democracia llega tarde — sin herramientas, sin memoria institucional y sin la urgencia que el problema exige. Sidewinder fue suprimido porque pocos lo conocían y nadie lo reclamó. Las estaciones de policía funcionaron durante años porque denunciar una organización comunitaria que también es una fachada de una banda criminal con vínculos con Pekín no es sencillo. Los exiliados tienen razones para sentirse vulnerables mientras bandas criminales como el Tren de Aragua siguen operando sin que ninguna democracia haya construido un marco legal para perseguir esta forma de represión tercerizada.
Desmantelar este ciclo exige servicios de inteligencia que detecten antes de que los periodistas actúen, marcos legales que persigan la represión tercerizada como un crimen, y sociedades dispuestas a nombrar lo que sus gobiernos prefieren archivar. ShengXue lleva más de treinta años en Canadá haciendo exactamente eso. Ronald Ojedano tuvo la oportunidad. Yendrí Velásquez sigue esperando que alguien responda. Nombrar este fenómeno es, en sí mismo, un acto de valor civil.
Referencias
ADDIN ZOTERO_BIBL{«uncited»:[],»omitted»:[],»custom»:[]}CSL_BIBLIOGRAPHY [1] P. S. and P. C. Government of Canada,“Section 1: A Review of CSIS Intelligence Activities. The Project Sidewinder”. Accedido: 12 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en:https://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=https%3A%2F%2Fpublications.gc.ca%2Fcollections%2FCollection%2FJS71-1-2000E-2.pdf
[2] SafeguradDefenders, “14 governments launch investigations into Chinese 110 overseas police service stations | Safeguard Defenders”, 14 de noviembre de 2022. Accedido: 12 de mayo de 2026. [En línea].Disponible en:https://safeguarddefenders.com/en/blog/14-governments-launch-investigations-chinese-110-overseas-police-service-stations
[3] P. W.and G. S. C. Government of Canada, “Foreign Influence Transparency and Accountability Regulations”. Government of Canada, Public Works and Government Services Canada, Integrated Services Branch, Canada Gazette, 3 de enero de 2026. Accedido: 12 de mayo de 2026.[En línea]. Disponible en:https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2026/2026-01-03/html/reg1-eng.html
[4] Radio France International, “Chile lleva a la CPI el asesinato en Santiago de exmilitar venezolano”, RFI, 29 de marzo de 2025. Accedido: 12 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en:https://www.rfi.fr/es/m%C3%A1s-noticias/20250329-chile-lleva-a-la-cpi-asesinato-en-santiago-de-exmilitar-venezolano
[5] DWPress, “Colombia: Venezuelan activists attacked in targeted shooting”, dw.com. Acceso: 12 de mayo de 2026. [Enlínea]. Disponible en:https://www.dw.com/en/colombia-venezuelan-activists-attacked-in-targeted-shooting/a-74341871
